El AIPAC, uno de los grupos de presión más influyentes de la política estadounidense, anunció el miércoles que dejará de respaldar directamente a candidatos y de hacerles donaciones a través de su comité de acción política federal. La decisión, comunicada a sus miembros en una carta, llega tras una revisión interna para "ser aún más eficaz".

Sin embargo, el lobby no renuncia a su poder: AIPAC y su superPAC, United Democracy Project, seguirán financiando a candidatos proisraelíes. El superPAC lleva más de 50 millones de dólares en gastos independientes en estas elecciones y sigue activo en carreras clave. La más reciente es la del Senado en Míchigan, donde aportó unos 9 millones de dólares en la última semana a un grupo que apoya al republicano Mike Rogers, según una fuente anónima y según The New York Times. La donación se produjo después del plazo del 14 de octubre fijado por la Comisión Federal Electoral, el último antes de las elecciones generales.

Míchigan ha sido el mejor ejemplo de la controvertida imagen del grupo este año. Su superPAC gastó más de 30 millones de dólares en las primarias demócratas del Senado para impulsar a la representante Haley Stevens, firme defensora de Israel. Perdió ante Abdul El-Sayed, feroz crítico de Israel que ha calificado de genocidio la guerra en Gaza, una de las derrotas más duras del AIPAC en este ciclo.

Jeremy Ben-Ami, presidente del grupo proisraelí liberal J Street, considera los cambios ineficaces para "salvar su marca". En su opinión, conservar el superPAC mientras se abandona el comité propio no hace sino reforzar la política del dinero opaco que originó el problema.

Fuente: The Washington Post, 22 de octubre de 2026 (Praveena Somasundaram).

Una ataque armado dirigido contra los asistentes a un funeral en una iglesia de la provincia de Karak, en el sur de Jordania, dejó 7 muertos y 34 heridos el viernes, según el último balance de la Dirección de Seguridad Pública. El ataque fue perpetrado por hombres armados no identificados.

Según la cadena Al Mamlaka, dos hombres descendieron de un vehículo y abrieron fuego durante la ceremonia en la iglesia Hamoud, disparando continuamente durante aproximadamente cinco minutos antes de huir. Un testigo estimó que entre 150 y 200 personas se encontraban dentro y alrededor de la iglesia. Según él, la mayoría de las víctimas tenían entre 50 y 70 años. Otro testigo, Khaled Barqan, afirmó que uno de los hombres llevaba un rifle y el otro una pistola. Otras fuentes mencionan más de dos hombres enmascarados, y un periodista, citando a testigos, contó cuatro. El número exacto de atacantes aún está por confirmar.

Los servicios de emergencia evacuaron a los heridos a hospitales. Un primer balance indicaba que alrededor de 19 muertos y heridos fueron trasladados al hospital Prince Ali de Karak. Las fuerzas de seguridad se desplegaron alrededor de la iglesia y buscan a los sospechosos. Ningún grupo ha reivindicado el ataque y las autoridades no han identificado a sus autores.

El ministro de Comunicación y portavoz del gobierno, Mohammad Momani, indicó que los servicios de seguridad seguían el asunto sobre el terreno y harían públicas las informaciones tras su verificación, haciendo un llamado a confiar en las fuentes oficiales y a dejar actuar a las fuerzas del orden.

El rey Abdalá II aseguró que el Reino responderá a este "acto terrorista" con las penas más severas. Escribió en X: "Aquel que creyó que las balas de la traición dividirían las filas de los jordanos fracasó ante nuestra solidez y nuestra unidad. Todos los jordanos, del norte al sur del país, comparten la tierra y la posición, y la traición no los dividirá". Añadió: "La sangre de un jordano es preciosa, y golpearemos con mano de hierro a quienquiera que atente contra este país", presentando sus condolencias a las familias de las víctimas y sus deseos de pronta recuperación para los heridos.

La presencia cristiana en Jordania

Jordania alberga una de las comunidades cristianas más antiguas de Oriente Medio, con raíces que se remontan a los primeros siglos de la era cristiana. Según datos oficiales, los cristianos representan aproximadamente entre el 4% y el 6% de la población, concentrados principalmente en las gobernaciones de Ammán, Madaba, Karak y Zarqa, y pertenecen mayoritariamente a las iglesias ortodoxa griega y católica . El país conserva sitios de gran relevancia bíblica, como el lugar del bautismo de Jesús en Al-Maghtas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Monte Nebo, desde donde según la tradición Moisés contempló la Tierra Prometida . Las comunidades cristianas gestionan numerosas escuelas y hospitales que atienden a toda la población, y la monarquía hachemí ha mantenido históricamente un discurso de protección hacia las minorías religiosas y de promoción de la convivencia . No obstante, informes de organizaciones internacionales señalan que los conversos del islam al cristianismo enfrentan presiones sociales y familiares significativas, así como restricciones legales en materia de estatuto personal . El ataque de este viernes contra la iglesia de Karak constituye un hecho excepcional en un país que se ha caracterizado por una relativa estabilidad en materia de seguridad confessional.

Moonshot AI, la startup con sede en Pekín, ha desplegado por completo Kimi K3.1 Pro, un modelo de 3 billones de parámetros y hasta 1.048.576 tokens de contexto. Junto a él llega K3.1 Pro Highspeed, con las mismas capacidades, una salida entre 2 y 3 veces más rápida y un consumo de cuota aproximadamente doble.

Un modelo que obliga a pensar

La novedad más llamativa es una restricción: K3.1 Pro solo funciona con el modo thinking activado. Cualquier petición que intente desactivarlo recibe un error HTTP 400. Quien tenga un pipeline que apague el razonamiento para ahorrar tokens tendrá que rediseñarlo.

También hay una trampa silenciosa. Si se escribe “K3.1 Pro” en lugar de “k3.1-pro”, la petición cae en un modelo anterior sin razonamiento, sin error ni aviso.

El pulso con Estados Unidos

Moonshot ya había dado el golpe en julio con Kimi K3, presentado como el mayor modelo de pesos abiertos del mundo. Según Reuters, la compañía afirmó entonces que competía de cerca con Fable 5 de Anthropic y que superaba a varios modelos frontera de OpenAI en optimización de kernels de GPU. Conviene recordar que es una afirmación de la propia empresa, no una evaluación independiente, y que de K3.1 Pro no hay todavía benchmarks públicos frente a modelos estadounidenses.

La estrategia es distinta de la de los laboratorios de Silicon Valley. Mientras estos suelen vender sus modelos como servicios cerrados, Moonshot apuesta por contexto largo, profundidad de razonamiento y precio. Esa presión sobre los costes puede traducirse en márgenes mayores para los productos que dependen de inferencia.

Más que un modelo: una candidata a salir a bolsa

Su ingreso recurrente anual alcanzó los US$300 millones en junio, frente a US$200 millones en abril. La demanda fue tal que la compañía pausó temporalmente nuevas suscripciones a K3. Ahora busca el visto bueno de sus accionistas para salir a bolsa en Hong Kong, con una valoración posible superior a US$30.000 millones. En paralelo, ha renombrado su filial de Singapur como Novascent para impulsar su expansión internacional.

La lección para quien construye con IA

Elegir modelo ya no es un ajuste de configuración, sino una decisión de arquitectura. La recomendación es mantener una capa de abstracción que permita cambiar de proveedor sin reescribir el producto, porque el ritmo de lanzamientos no va a bajar.

Todo apunta a un ataque racista. Según los alcaldes de ambas localidades, el fallecido en Trappes es de origen africano y el herido más grave de origen magrebí. En La Verrière, el agresor habría bajado del coche para disparar a dos empleados de limpieza «de tipo africano» que trabajaban en una escuela. El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, habló de un tirador que quería «hacer una carnicería» y que disparaba al azar, aunque subrayó que las dos víctimas de su ciudad comparten un perfil particular. Un vecino de origen magrebí resumió el sentimiento de muchos: el miedo de todas las personas racializadas. La Fiscalía Nacional Antiterrorista investiga por asesinato en relación con una empresa terrorista, con el agravante de haberse cometido por la pertenencia real o supuesta a una raza, etnia, nación o religión. También examina la posesión de un arma de categoría A. Macron expresó que «la Nación» está al lado de las víctimas, el primer ministro Sébastien Lecornu habló de hechos «muy graves» y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, viajó al lugar con la ministra Aurore Bergé. La investigación sobre el móvil sigue abierta y el sospechoso no ha sido juzgado.

El ataque se produce en un contexto europeo preocupante. Europa fue en 2024 el segundo foco mundial de incidentes islamófobos, según la Organización de Cooperación Islámica, y las campañas de extrema derecha son la mayor categoría, con el 25 % del total. Francia y Alemania figuran entre los puntos críticos, asociados al resurgir de movimientos de extrema derecha y del sentimiento antiinmigración. Casi uno de cada dos musulmanes de la UE dice sufrir discriminación racial, frente al 39 % de 2016, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.

La violencia no es solo verbal. El Informe Europeo de la Islamofobia 2019 documentó el crecimiento de grupos de extrema derecha que atentan contra la población musulmana, como el plan de asalto armado a una mezquita cerca de Oslo por un terrorista con conexiones con organizaciones neonazis. Detrás de estos actos hay un terreno abonado por el discurso político: desde la crisis de refugiados de 2015, a los musulmanes se les ha usado como chivo expiatorio para desviar la atención de los fallos de las políticas públicas, y esa retórica ayudó a llevar a la extrema derecha de los márgenes a la corriente principal. Los investigadores señalan además que el discurso de la extrema derecha se ha extendido hacia el centro político.

El coste para la convivencia es enorme. Este clima siembra miedo en las comunidades señaladas, como el que expresaba el vecino de Trappes, y refuerza la sospecha entre ciudadanos que comparten barrio, escuela y trabajo. Y lo hace en sociedades donde se calcula que dentro de una década vivirán unos 35 millones de musulmanes, la mayoría hijos de inmigrantes. Sin negar que el terrorismo yihadista existe, los expertos piden no confundirlo con el islam ni con los musulmanes: la estigmatización colectiva, venga de donde venga, es incompatible con el vivir juntos.

Nueva York asiste a un giro doctrinal sin precedentes. El primer borrador de resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental para 2026, cuya redacción corresponde a Estados Unidos como «pen holder», no se limita a retocar el marco vigente: lo desmonta pieza a pieza. El texto sostiene que una autonomía auténtica bajo soberanía marroquí es la única solución realizable, justa, duradera y aceptable para todas las partes. Ya no habla de una opción «seria y creíble» entre otras posibles. Y lo hace reconociendo el respaldo creciente de los Estados miembros a la propuesta de Rabat y saludando el liderazgo del presidente Trump en este expediente.

La consecuencia práctica es que el plan marroquí, en su versión ampliada y actualizada, queda como único documento de trabajo. El borrador pide a las partes que cooperen con los facilitadores, que se impliquen de forma activa y constructiva y que presenten sus respuestas tomando esa propuesta como única base. Los esquemas referendarios o estatutarios alternativos desaparecen del horizonte.

La propia misión onusiana cambia de nombre y de naturaleza. La MINURSO, cuyas siglas aluden a la organización de un referéndum, pasaría a llamarse MINUSO: Misión de las Naciones Unidas para una Solución Política en el Sáhara Occidental. Su mandato de mantenimiento de la paz concluiría el 30 de abril de 2027 y, desde el 1 de mayo, continuaría como misión política especial hasta el 31 de octubre de 2027. El texto se apoya en la revisión estratégica de la misión, que admite que su mandato recoge tareas sin aplicar desde hace más de dos décadas. Al secretario general se le pide que presente, a más tardar el 15 de diciembre de 2026, propuestas detalladas sobre el mandato, la estructura, el personal y los recursos de la nueva misión.

El repliegue sobre el terreno será inmediato. El borrador ordena iniciar sin demora la retirada progresiva, con una reducción de al menos el 50 % del personal uniformado autorizado antes del 31 de enero de 2027 y el cierre y la consolidación de bases de equipos.

El texto también aprieta a Argelia y al Polisario. Da un plazo de seis meses al ACNUR para completar el registro de la población refugiada en los campamentos de Tinduf, conforme al derecho internacional y a las normas del propio organismo, «sin injerencia de ninguna entidad» y con acceso sin trabas y libertad de movimiento. El censo, reclamado durante décadas, pasa así a ser un mandato con fecha límite.

El Consejo lamenta además la falta de compromiso sustancial de una de las partes en las negociaciones, en referencia implícita al Polisario, y condena el ataque del 5 de mayo de 2026 contra la ciudad de Esmara, reivindicado por el movimiento separatista. Advierte, asimismo, de que está dispuesto a estudiar nuevas medidas si las partes no se implican de forma constructiva en el proceso político.

El borrador se inscribe en la línea de la resolución 2797 del 31 de octubre de 2025, aunque con numerosos puntos de ruptura. El Polisario reaccionó este jueves 22 de octubre con una carta urgente a la presidenta del Consejo de Seguridad, la diplomática griega Aglaia Balta. En ella tacha el proyecto de «desviación grave y sin precedentes» y acusa a Washington de «alinearse totalmente con la posición marroquí». Se aferra a la resolución 690 de 1991 y al plan de arreglo original, rechaza de antemano cualquier proceso basado en la autonomía por considerarlo «inaceptable» y amenaza con una «retirada total del proceso de paz». Una amenaza que, según la lectura marroquí de este texto, no hace más que confirmar el aislamiento del movimiento y la valoración del Consejo sobre su falta de compromiso.

La visita del presidente argentino, Javier Milei, a Madrid ha sacudido por completo el tablero político español en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El paso del mandatario por la capital de España, lejos de limitarse a una agenda económica o académica, ha provocado un agrio cruce de reproches diplomáticos y ha ensanchado la brecha entre el Gobierno central de coalición y los principales partidos de la oposición.

A continuación, se detalla la crónica de los hechos y la profunda crisis institucional y doméstica que ha dejado tras de sí:

Ataques frontales al Gobierno de Pedro Sánchez

La mecha de la discordia se encendió durante la participación de Milei en un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el Casino de Madrid. En su intervención, el mandatario argentino cargó con dureza inusitada contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a quien tildó de «impresentable dictador», «delincuente» y «ladrón». Asimismo, Milei hizo un llamamiento explícito a los votantes para «sacar a los socialistas a patadas» en los próximos comicios.

La reacción de la Moncloa no se hizo esperar. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación emitió un contundente comunicado oficial en el que condenó enérgicamente los «insultos y calumnias» dirigidos al presidente y a las instituciones democráticas españolas. El texto tachó la actitud de Milei de «injerencia extranjera» destinada a generar polarización. Paralelamente, el PSOE contraatacó desplegando una gran lona en su sede de la calle Ferraz con el lema “Milei, los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”, mientras que el propio Sánchez ironizó en un mitin defendiendo con orgullo su condición de «zurdo» —término usado peyorativamente por Milei— frente a los recortes de la motosierra libertaria.

El eje Milei-Ayuso enciende la política madrileña

Frente al portazo del Gobierno central y el distanciamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió en la gran protagonista institucional al recibir al mandatario argentino en la sede del Canal de Isabel II.

Aunque el encuentro duró hora y media y se manejó sin declaraciones conjuntas a la prensa, las imágenes editadas y difundidas por el Gobierno regional mostraron una efusiva sintonía entre ambos líderes. Ayuso invitó formalmente a Milei a regresar a la capital a mediados de noviembre para la Cumbre Iberoamericana, mientras que él le extendió una invitación oficial para viajar a Buenos Aires.

Este encuentro desató una tormenta política inmediata en la Asamblea de Madrid. Los partidos de la izquierda (PSOE y Más Madrid) arremetieron contra Ayuso por abrazar a un mandatario al que calificaron de «lunático», acusándola de utilizar las instituciones madrileñas para hacer contrapeso al Gobierno central en una estrategia de confrontación partidista. Por su parte, Ayuso y su entorno justificaron la reunión en base a los lazos históricos y comerciales con Argentina, elogiando la agenda económica del liberal.

Tensión en las calles y distanciamiento táctico de Vox

La polarización política también se trasladó al ámbito social y académico. Durante la conferencia que Milei impartió en la Universidad Rey Juan Carlos, organizada en colaboración con la Fundación Disenso (el ‘think tank’ de Vox), se registraron tensas manifestaciones estudiantiles. Decenas de jóvenes se concentraron a las puertas del campus con pancartas en defensa de la educación pública y al grito de «fuera fascistas de la universidad».

En el plano estrictamente político de la derecha, llamó la atención el cambio de formato en su relación con Vox. A diferencia de ocasiones anteriores en las que Milei protagonizó baños de masas junto a Santiago Abascal, esta vez el líder de Vox evitó el encuentro físico debido a compromisos de su propia agenda de campaña. La interacción se redujo a una videollamada de apoyo mutuo que Abascal difundió en sus redes sociales, lo que analistas locales interpretaron como un intento de las fuerzas conservadoras de mantener un perfil bajo para no movilizar el voto de la izquierda de cara al 29-N.

Con su partida de Madrid, Javier Milei deja tras de sí una España políticamente más fracturada. Su visita no solo ha tensionado al máximo los canales diplomáticos entre Madrid y Buenos Aires, sino que ha servido como combustible para la campaña electoral doméstica, forzando a todos los partidos estatales a posicionarse ante su controvertida figura.

El Financial Times revela que Bruselas investiga las campañas de desinformación que acompañaron las violencias del 17 de octubre en Francia: más de 1.800 detenidos, más de 500 policías, gendarmes y bomberos heridos, y el ayuntamiento de Limoges casi destruido. Rusia es la principal sospechosa, pero Irán y Argelia también figuran en la lista. El investigador francés David Colon habla de indicios de influencia iraní y argelina.

La mención no es casual. En junio de 2025, el servicio francés Viginum entregó a Matignon una nota confidencial de unas cuarenta páginas, desvelada por Le Canard enchaîné, que describe una red de cuentas falsas vinculada a Argel, capaz de publicar contenidos idénticos con minutos de diferencia. Entre sus campañas figuran un supuesto complot de la DGSE (diciembre de 2024), llamamientos a boicotear marcas francesas (enero de 2025) y fotomontajes de Macron arrodillado ante Tebboune. El rastro llevó hasta un servidor de correo de un organismo argelino contra el cibercrimen, dependiente del Ministerio de Defensa.

Lo mismo ocurrió fuera de las pantallas: en enero de 2025 fueron detenidos varios influencers argelinos residentes en Francia por vídeos que incitaban a la violencia. Uno de ellos, «Zazou Youssef», fue condenado a dieciocho meses de cárcel por apología del terrorismo; otro, «Doualemn», fue expulsado a Argelia y devuelto a Francia por las autoridades argelinas.

El 20 de octubre, el sitio «Algérie Patriotique», fundado por Lotfi Nezzar, hijo del exministro de Defensa Khaled Nezzar, presentó los ayuntamientos incendiados como una «operación de represalia» y una «ley del talión» por los incendios forestales del verano en Argelia. El texto sigue en línea.

Argel pide pruebas, pero la prensa afín (Awras) omite la nota del Viginum y el artículo de «Algérie Patriotique». Francia, concluye el autor, ya tiene tres elementos: un informe de sus servicios, condenas de sus tribunales y un editorial argelino que celebra el incendio de sus ayuntamientos.

Marruecos se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones de futsal el miércoles 21 de octubre al vencer a Angola por 5-2 en el Palacio de Deportes del Complejo Deportivo Moulay Abdellah de Rabat. Ante un pabellón lleno, los Leones del Atlas, dirigidos por Hicham Dguig, confirman su hegemonía en el futsal africano. A la final asistieron el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, y el de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe.

Desarrollo del partido. El inicio fue igualado e intenso: Marruecos generó varias ocasiones sin concretarlas, mientras que Angola planteó un duelo muy físico y también creó peligro. El primer gol llegó en los últimos cuatro minutos de la primera parte, obra de Othmane Idrissi con un potente disparo. Tras la quinta falta angoleña, Marruecos desperdició un tiro libre de diez metros y Angola aprovechó para empatar. Pocos segundos antes del descanso, Youssef Jaouad devolvió la ventaja a los marroquíes (2-1).

En la segunda parte, Idriss Raiss El Fenni amplió la diferencia con el tercer gol. A siete minutos del final, Ismail Amazal marcó el cuarto tras una combinación perfectamente ejecutada, y poco después Bilal Bakkali firmó el quinto. Angola recortó distancias a dos minutos del final.

Balance del torneo. Marruecos cerró su participación con 28 goles a favor y solo dos en contra en cinco partidos. Fue primero de grupo con nueve puntos, tras vencer a Argelia (4-0), Zambia (7-0) y Libia (6-0), y eliminó a Egipto (6-0) en semifinales. Con este título, el cuarto consecutivo (2016, 2020, 2024 y 2026), Marruecos pasa a ser la selección más laureada en la historia de la competición.

Mensaje del rey Mohamed VI. El monarca envió un mensaje de felicitación a los jugadores, expresando su calurosa enhorabuena y su gran orgullo por la victoria en la octava edición del torneo, que la capital del Reino acogió con la hospitalidad tradicional marroquí. Extendió sus felicitaciones al conjunto de los cuadros técnicos y administrativos de la FRMF por esta hazaña renovada, fruto de un rendimiento profesional de gran calidad, de una determinación inquebrantable por conservar el título y de un sincero patriotismo, que consolidan el lugar de Marruecos entre las grandes selecciones a nivel continental e internacional. Destacó asimismo que los jugadores han elevado una vez más la bandera nacional en esta gran cita africana, y pidió a Dios que les conceda nuevos éxitos en las próximas competiciones, asegurándoles su alta solicitud y benevolencia.

La lista nacional de terroristas de Marruecos sigue aumentando. La Comisión Nacional encargada de la aplicación de las sanciones previstas por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al terrorismo, la proliferación de armas y su financiación (CNASNU) anunció la inclusión de diez (10) personas adicionales en dicha lista.

Esta actualización fue aprobada por unanimidad durante una reunión celebrada el 19 de octubre en la sede de la comisión, ubicada en el Ministerio de Justicia. Las diez personas fueron añadidas a la lista nacional de terroristas «tras haberse determinado que cumplen con los requisitos de fondo exigidos», de conformidad con las disposiciones de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según explicó la CNASNU en un comunicado.

A partir de la fecha de su inscripción, estos individuos quedan sujetos a medidas de «congelación inmediata de activos, prohibición de cualquier transacción y prohibición de viajar». Por su parte, las personas y entidades correspondientes están obligadas a «garantizar la aplicación de la presente decisión», añade el comunicado.

Los 10 nuevos inscritos en la lista negra:

* Saïd Bellaagreb, alias «Abou Souhayb Al Maghribi»: Viceemir de la «wilaya» de Kirkuk (Irak), dentro de la organización Daesh.

* Rida Laabas: Vinculado al comité de migración y logística de Daesh. Salió de Marruecos el 24 de agosto de 2017 hacia Turquía, donde se encontraría actualmente. Fue condenado a dos años de prisión firme por asociación ilícita para preparar y cometer actos terroristas.

* Aziz Aït Ouzrou: Se unió a las filas de Daesh en el desierto sirio (Badia).

* Abdellah El Moussaoui, alias «Abou Moussaab» y «Abou Ahmed Al Mouhajir»: Se unió a Daesh en Siria en 2013. Se encuentra en Brasil y es objeto de una orden de búsqueda nacional e internacional.

* Karime Ahouda: Ocupa un puesto de mando en la rama somalí de Daesh, encargado de la coordinación, financiación y reclutamiento.

* Mustapha Dihani: Actualmente juzgado por constitución de banda armada para preparar y cometer actos terroristas, afiliación colectiva y organizada a organizaciones terroristas, apología del terrorismo, propaganda a favor de una organización terrorista y gestión de fondos destinados a financiar actos terroristas.

* Mohammed Anouar El Bakkali: Ocupa un puesto de mando en la rama somalí de Daesh, encargado de la coordinación, financiación y reclutamiento.

* Saïd Naciri: Ocupa un puesto de mando dentro de Daesh en Somalia, como alto cargo del «Diwan de la migración».

* Youssef Buzikri: Ocupa un puesto de mando dentro de Daesh en Somalia, como alto cargo del «Diwan de la migración».

* El Mahdi Regragi: Integrante del brazo mediático del «Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes» (JNIM), rama de Al-Qaeda en el Sahel. Fue condenado a dos años de prisión firme por auxilio voluntario a autores de actos terroristas y encubrimiento de delitos terroristas.

A miles de kilómetros de Cádiz o de Cartagena de Indias, un paso marítimo de apenas unas decenas de kilómetros de ancho sigue marcando el pulso de la economía hispana. La guerra que Estados Unidos e Israel desencadenaron contra Irán el 28 de febrero derivó en el cierre del estrecho de Ormuz y en ataques de represalia contra aliados árabes de Washington en el Golfo. Casi ocho meses después, el conflicto no ha terminado. El alto el fuego de junio fracasó, y esta semana los mediadores de Catar y Pakistán han puesto sobre la mesa una “propuesta intermedia” para rebajar la tensión y volver a negociar.

Teherán asegura que mantiene contactos indirectos con Washington. Su plan de siete días, presentado en septiembre, exige levantar el bloqueo naval y las sanciones al petróleo iraní, detener la guerra en todos los frentes y liberar los fondos congelados en el extranjero a cambio de reabrir el paso. Mientras tanto, la inseguridad persiste: a comienzos de octubre al menos once petroleros habían sido atacados en Ormuz y sus alrededores. Quien hoy llena el depósito en España lo nota en el bolsillo.

El impacto español, sin embargo, es más matizado de lo que sugiere el titular. Según Funcas, Catar aporta apenas el 1,7 % del gas que importa España, mientras que Argelia suministra el 34,6 % y Estados Unidos el 30 %. España está menos expuesta que durante la crisis ucraniana, pero no es inmune: la factura llega por la vía de los precios, no de los barriles. Y eso devuelve la mirada a una ribera que Madrid conoce bien, la del Magreb, de cuyo gas depende en buena medida.

América Latina vive la misma guerra desde otro ángulo. El Banco de España advierte de que el encarecimiento de la energía eleva los tipos de interés a largo plazo y encarece la financiación de una deuda ya vulnerable. El efecto es desigual: para exportadores netos como Colombia y Brasil, el repunte actúa como respaldo fiscal, mientras que importadores como México han recurrido a medidas para evitar que la subida llegue de golpe al consumidor.

El frente libanés añade una nota inquietante. Según informan medios regionales, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado que el ejército no se retirará de las zonas del sur del Líbano que controla. El presidente libanés, Joseph Aoun, acusa a Israel de violar con ataques continuos el acuerdo de alto el fuego firmado en junio. Irán, por su parte, ha condicionado la reapertura de Ormuz a un alto el fuego que incluya también a Líbano y Gaza. Todo está conectado, y ninguna capital hispana puede permitirse mirar hacia otro lado.

La lección de esta crónica es incómoda pero clara: el mundo árabe e islámico ya no es un “allá lejos” para el mundo hispánico. Es el origen de buena parte de su inflación, el escenario de su diplomacia y, para España, también una frontera cultural y humana que se extiende hasta Barcelona.

Con esta decisión, el Parlamento Europeo pone a Google Maps en el punto de mira político e institucional por reflejar la naturaleza fronteriza real y los contenciosos pendientes en la región. Según las nomenclaturas oficiales de Google Maps, “las líneas discontinuas muestran los límites en disputa. Esto significa que las partes involucradas no están de acuerdo con respecto a la frontera”, una delimitación que responde de forma neutra a las reivindicaciones históricas sobre las ciudades ocupadas de Sebta y Melilia.

A pesar de que sectores europeos intentan justificar la postura española basándose en tecnicismos administrativos internacionales, la soberanía sobre estos territorios sigue siendo un asunto pendiente y un motivo de legítima reivindicación territorial para Marruecos.

Los eurodiputados pretenden ahora que Bruselas analice si un mapa que refleja fielmente la existencia de un desacuerdo fronterizo viola el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), buscando presionar a las grandes plataformas digitales para que adopten de manera unívoca la tesis de Madrid e ignoren los derechos e intereses marroquíes sobre Sebta y Melilia.

El veredicto ha caído como un brutal símbolo político: Ada Colau, figura de proa de la izquierda radical española y exalcaldesa de Barcelona, ha recibido la negativa categórica de visado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Mientras se disponía a viajar a Puerto Rico para participar en la prestigiosa cumbre municipalista Fearless Cities, la administración estadounidense bloqueó su entrada al territorio, aislándola del resto de su delegación, que sí obtuvo el salvoconducto sin contratiempos.

Aunque los servicios consulares de la embajada estadounidense en Madrid invocaron oficialmente un motivo burocrático casi absurdo para una personalidad de su envergadura, una supuesta «sospecha de intención de inmigración ilegal», la realidad de los interrogatorios sufridos por la exregidora apunta hacia una verdad muy distinta. Los equipos de la candidata de Frente Amplio (para las elecciones generales del 29N) denuncian con fuerza un veto puramente ideológico y una censura política directamente vinculada a sus compromisos internacionales.

Durante su entrevista consular, las preguntas de los agentes estadounidenses no versaron sobre su situación financiera o sus arraigos en España, sino que se focalizaron de manera obsesiva en su apoyo inquebrantable a la causa palestina. La administración de Washington parece hacer pagar a Ada Colau su papel de primer plano en octubre de 2025 en la Global Sumud Flotilla, la expedición marítima humanitaria que intentó romper el bloqueo de la Franja de Gaza antes de ser interceptada por el ejército israelí, lo que conllevó la detención de la exalcaldesa durante tres días en Israel.

Este señalamiento por parte de la diplomacia estadounidense resuena también como un eco directo de las decisiones radicales que tomó al frente de la capital catalana. Al romper oficialmente las relaciones institucionales de la ciudad de Barcelona con el Estado de Israel y suspender su hermanamiento histórico con Tel Aviv, Ada Colau se había posicionado como un objetivo prioritario para los aliados del Estado hebreo. Al cerrarle el paso al continente americano, Washington confirma que el militanismo internacional tiene un precio, transformando un simple trámite de visado en una demostración de fuerza geopolítica.

Un modelo que descansa en la irregularidad

Los invernaderos de Almería y Huelva, las obras de construcción y la hostelería turística tienen algo en común. Son sectores intensivos en mano de obra, con márgenes ajustados y una demanda de trabajadores que el mercado legal no cubre a ese precio. Quien trabaja sin contrato no genera costes de Seguridad Social, no cobra horas extra y no puede reclamar sin arriesgarse a ser expulsado. Para la empresa que lo emplea, esa vulnerabilidad es una ventaja competitiva frente a sus homólogas de Francia, Alemania o los Países Bajos, obligadas a pagar convenios y cotizaciones.

Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Según Funcas, unos 760.000 extranjeros en situación irregular tienen nacionalidades americanas, frente a unos 50.000 africanos. Los inmigrantes, regulares o no, representaban el 20,3 % de la población en enero de 2026, más de diez millones de personas. La regularización extraordinaria de 2026 lo confirma. El Gobierno estimó 500.000 beneficiarios, pero el proceso recibió cerca de 1,2 millones de solicitudes. Esa diferencia indica cuánta gente trabajaba ya, en la sombra, dentro de la economía española.

Los marroquíes, rostro del campo español

Los marroquíes son la mayor comunidad extranjera no comunitaria de España y una de las más visibles en las campañas agrícolas. Los datos de Funcas indican, sin embargo, que entre los irregulares predominan los latinoamericanos, y los colombianos ocupan el primer lugar. La presencia marroquí en el campo es real, pero el fenómeno es más amplio que una sola nacionalidad.

La promesa de expulsión que nadie piensa cumplir

Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan con el discurso migratorio en primer plano. Pedro Sánchez adelantó los comicios tras un revés parlamentario en materia de vivienda. Vox propone desde hace años la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que entren ilegalmente. Pero incluso si la derecha y la ultraderecha llegaran al poder, esa promesa chocaría con la realidad económica.

El motivo no es ideológico. Muchos de los grandes productores de fruta y hortalizas para la exportación simpatizan con esos partidos, y ningún empresario se tira piedras contra su propio tejado. El sindicalista almeriense José Cueva lo resume así: expulsar a todos los irregulares dejaría un déficit grave de mano de obra. El exalcalde popular de El Ejido, Juan Enciso, decía que los inmigrantes eran necesarios de día pero debían desaparecer de noche. El caso de El Ejido es elocuente: Vox obtuvo allí cerca del 30 % de los votos en 2019, y sin embargo los propios agricultores admiten que dependen de esa mano de obra. El ministro Luis Planas contó en el Congreso que un directivo de cooperativa, antiguo candidato de Vox, le pidió traer inmigrantes para trabajar en el campo. Es la versión del ministro, pero ilustra la contradicción.

Lo que hace la izquierda

La izquierda, mientras tanto, defiende los derechos de estos trabajadores. La regularización de 2026 les da permiso de trabajo desde el inicio del trámite y número de Seguridad Social. Fue una decisión política que sus adversarios combatieron.

La conclusión es incómoda para todos. Mientras haya un sector exportador que necesite trabajadores baratos y vulnerables, la expulsión masiva seguirá siendo un eslogan electoral y no una política de gobierno. La alternativa honesta es reconocer a quienes sostienen una parte del crecimiento y darles derechos.

Jóvenes y vivienda. Cada año, a partir de 2027, 100.000 jóvenes recibirán formación a medida de las empresas y otros 100.000 tendrán su primer empleo. El aprendizaje pasará de 150.000 a 200.000 plazas anuales, se apoyará a 60.000 pymes juveniles y habrá un "pasaporte de movilidad profesional". En el campo se construirán o rehabilitarán 100.000 viviendas con 40.000 dirhams de subvención por hogar. En las ciudades se eliminará el chabolismo.

Servicios públicos. En sanidad se extenderá el SAMU y se creará una plataforma digital nacional. En educación, el 80 % del alumnado deberá dominar las competencias básicas en 2031, y se retendrá talento de la diáspora. Además, el fondo para la lengua amazigh contará con 2.000 millones de dirhams.

Seguridad hídrica. Se desalarán 1.800 millones de m³ de agua al año, se multiplicarán presas y trasvases, las renovables superarán el 52 % de la electricidad en 2030 y se impulsará el hidrógeno verde. Las semillas nacionales pasarán del 20 % al 50 %. También se plantean una industria de defensa y una flota mercante propias.

Economía y gobernanza. Se prevé crecer un 5 % anual, con inflación del 2 %, déficit máximo del 3 % y deuda en torno al 62 % del PIB. El sector privado aportará dos tercios de la inversión, y el 30 % de la contratación pública irá a pymes locales. Se castigará el enriquecimiento ilícito y los conflictos de intereses, y habrá una ley de inteligencia artificial y un organismo de ciberseguridad.

Meta turística: 26 millones de visitantes en 2030, año del Mundial que Marruecos coorganiza.

​La decisión se anunció mediante un comunicado del Gabinete Real tras la viralización en redes sociales de un supuesto certificado médico de 2004, filtración que reabrió denuncias sobre un antiguo caso judicial de cheques bancarios e imprecisiones financieras en Béni Mellal.

Aunque la Casa Real formalizó el cese a petición de la primera ministra aplicando el artículo 47 de la Constitución y sin confirmar la veracidad de las acusaciones, la salida reduce a seis el número de mujeres en el nuevo Ejecutivo marroquí.

Madiha Khayir presentó su dimisión como miembro del Parlamento en la Cámara de Representantes el miércoles 21 de octubre de 2026, a petición de la dirección del Partido Istiqlal (PI).

En los últimos años, y de manera especialmente intensa desde octubre de 2023, Cisjordania se ha convertido en escenario de una violencia sistemática y creciente por parte de colonos israelíes contra la población palestina. Esta violencia, lejos de ser episódica o espontánea, responde a una lógica de expansión colonial que cuenta con la protección del ejército israelí y el silencio —cuando no la complicidad— de gran parte de las potencias occidentales.

Una violencia estructural y en escalada

Según datos de la ONU y de organizaciones de derechos humanos como B’Tselem y Yesh Din, los ataques de colonos contra palestinos en Cisjordania han alcanzado niveles sin precedentes. Se registran agresiones físicas, incendios de viviendas, destrucción de cosechas y olivos, envenenamiento de pozos de agua, bloqueo de carreteras y ataques armados contra comunidades enteras.

Las Naciones Unidas han documentado cientos de incidentes violentos en los últimos meses, muchos de ellos con víctimas mortales. Aldeas como Huwara, Turmus Ayya, Beita y muchas otras han sufrido pogromos que recuerdan a épocas oscuras de la historia. La impunidad es la norma: rara vez los colonos violentos son detenidos, y cuando lo son, las condenas son excepcionales.

La complicidad del ejército israelí

La violencia de los colonos no ocurre en el vacío. El ejército israelí (IDF) a menudo escolta a los colonos durante sus ataques, impide que los palestinos se defiendan o llega tarde cuando ya se han producido los daños. La política de “defensa de los asentamientos” convierte a los soldados en protectores de los agresores y en potenciales agresores ellos mismos.

Organizaciones de derechos humanos israelíes han denunciado que el sistema judicial militar aplica un trato discriminatorio: los palestinos son juzgados con dureza mientras los colonos gozan de facto de inmunidad. Esta impunidad estructural es un incentivo para la violencia.

El silencio occidental: entre la hipocresía y la complicidad

Mientras Occidente ha movilizado una retórica intensa contra las violaciones de derechos humanos en otros contextos, su respuesta ante la violencia de los colonos en Cisjordania ha sido tibia, tardía y selectiva.

• Estados Unidos: aunque ha impuesto sanciones puntuales a algunos colonos extremistas, sigue proporcionando a Israel ayuda militar masiva y protección diplomática en foros internacionales. Las condenas verbales no se traducen en consecuencias reales.

• Unión Europea: ha expresado “preocupación” en repetidas ocasiones, pero no ha adoptado medidas contundentes. Las relaciones comerciales y estratégicas con Israel pesan más que los derechos humanos de los palestinos. Algunos Estados miembros muestran una pasividad que roza la complicidad.

• Reino Unido, Francia, Alemania: han emitido declaraciones de condena genéricas mientras continúan vendiendo armas a Israel o manteniendo acuerdos comerciales preferenciales.

Este silencio es especialmente llamativo cuando se compara con la rapidez y contundencia de las condenas occidentales ante violaciones de derechos humanos en otros lugares del mundo. La selectividad revela una jerarquía implícita en la que la vida de los palestinos vale menos.

El derecho internacional ignorado

El derecho internacional es claro: los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según la Convención de Ginebra y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La violencia de los colonos constituye terrorismo según múltiples definiciones jurídicas. Sin embargo, la comunidad internacional no aplica las consecuencias que su propio derecho exige.

La Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones, pero la presión política occidental ha frenado cualquier avance significativo. El mensaje que se envía es peligroso: la ley internacional se aplica a unos y no a otros.

Cada ataque de colonos que queda sin respuesta internacional refuerza la impunidad y alienta nuevas violencias. El silencio occidental no es neutral: es una elección política que tiene consecuencias letales. Los palestinos de Cisjordania no solo enfrentan a los colonos y al ejército israelí; enfrentan también el abandono de un mundo que dice defender los derechos humanos pero que, en la práctica, los traiciona cuando se trata de Palestina.

Romper ese silencio, exigir responsabilidades y aplicar el derecho internacional no es un acto de hostilidad hacia Israel: es un imperativo moral y legal. La comunidad internacional debe elegir entre seguir siendo cómplice pasiva de esta violencia o recuperar la coherencia que dice defender.

Desde las emblemáticas plazas de Madrid y Lisboa hasta los liceos bloqueados de París, pasando por las aulas en huelga de Bruselas, Roma y Berlín, una marea de indignación juvenil recorre el continente europeo. Los titulares de prensa y los discursos oficiales se apresuran a etiquetar estas movilizaciones bajo el prisma del desorden público o la agitación estacional, pero la realidad que late bajo el asfalto es mucho más profunda. No estamos ante un capricho adolescente, sino ante el grito legítimo y desesperado de la Generación Z, una juventud que se niega a aceptar la precarización sistemática como su único destino.

Las razones detrás de este estallido son tan claras como alarmantes. Durante años, los jóvenes europeos han visto cómo se desmantelaba el ascensor social que garantizó cierta estabilidad a las generaciones precedentes. En España y Portugal, la crisis de la vivienda ha alcanzado niveles inmorales: el alquiler de un piso modesto absorbe hoy la totalidad de un salario medio juvenil, condenando a miles de personas a la imposibilidad de emanciparse o construir un hogar. En Francia y Bélgica, el detonante ha sido el progresivo deterioro de la educación pública, marcado por aulas masificadas, infraestructuras deficientes y una alarmante escasez de profesorado. A esto se suman el encarecimiento generalizado de la vida, las reformas universitarias excluyentes y, en lugares como Alemania, el rechazo frontal al retorno de discursos militaristas.

Criminalizar la protesta juvenil o despacharla como mero vandalismo es un ejercicio de cobardía política. Quienes hoy levantan barricadas, organizan acampadas o detienen las clases no lo hacen por un rechazo a la democracia, sino precisamente por un profundo compromiso con sus principios fundamentales. Cuando los canales institucionales tradicionales se muestran sordos ante demandas tan básicas como un techo asequible o una educación de calidad, la calle se convierte en el único Parlamento verdaderamente representativo para quienes no tienen voz en las altas esferas del poder.

La juventud actual no padece de apatía; padece de la incertidumbre estructural que el propio sistema socioeconómico le ha impuesto. Han crecido encadenando crisis sanitarias, climáticas y financieras, viendo cómo las promesas de un futuro próspero a cambio de esfuerzo académico y laboral se desvanecían ante contratos temporales y subidas de precios asfixiantes. Su movilización actual es un recordatorio urgente de que una sociedad que da la espalda a sus jóvenes es una sociedad en decadencia.

Los gobiernos europeos se encuentran ante una encrucijada histórica. Pueden optar por la vía de la represión y la indiferencia, alimentando el desencanto y debilitando el tejido democrático, o pueden asumir la responsabilidad de sentarse a escuchar. Las demandas de las calles no son utopías irrealizables: son la exigencia mínima de redistribución de la riqueza, inversión en servicios públicos y garantías para el acceso a la vivienda. Apoyar hoy a los jóvenes que protestan en Europa no es solo un acto de solidaridad generacional, sino una defensa necesaria del futuro común. Si ellos son el mañana, es hora de empezar a invertir en sus vidas hoy.

Miles de tunecinos se manifestaron el 17 de octubre de 2026 en Túnez contra el presidente Kaïs Saïed, en una de las mayores protestas de los últimos años, con una participación estimada entre 3.000 y 6.000 personas. La marcha, impulsada por la UGTT y respaldada por asociaciones civiles y fuerzas opositoras, se concentró en la avenida Habib Bourguiba, escenario emblemático de la revolución de 2011.

Los manifestantes rechazaron la concentración de poderes en manos de Saïed y exigieron la recuperación de las garantías democráticas, la independencia judicial, el respeto a los derechos fundamentales y la liberación de opositores encarcelados. También denunciaron la presión sobre las organizaciones sindicales y las restricciones a las libertades públicas.

A las reivindicaciones políticas se sumaron las económicas: el aumento del coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo, la escasez de productos esenciales, los cortes de agua y electricidad y el deterioro de los servicios públicos.

La protesta destacó por la convergencia de sectores opositores antes divididos —abogados, médicos, periodistas, desempleados, sindicalistas y organizaciones civiles—, lo que supone una señal relevante frente a un contexto de fragmentación opositora.

El origen de las tensiones se remonta a julio de 2021, cuando Saïed suspendió el Parlamento y destituyó al jefe del Gobierno; posteriormente disolvió el Parlamento y promovió una nueva Constitución en 2022 que reforzó sus prerrogativas presidenciales. Sus detractores consideran que estas medidas debilitaron los contrapesos democráticos surgidos tras la revolución de 2011. Saïed rechaza las acusaciones de autoritarismo y afirma que sus decisiones buscan defender el Estado y luchar contra la corrupción.

El Ministerio de Defensa de Argelia produjo un documental de 22 minutos titulado «Desvelar las conspiraciones de la traición», en el que acusa al youtuber exiliado Amir DZ de haber ordenado, desde su sofá en Francia, los incendios que devastaron el país en agosto, causando al menos 400 muertos. Según esta “investigación” oficial, el arma del crimen serían notas de voz de cuatro segundos: el tiempo supuestamente necesario para ordenar la quema de bosques enteros. El periodista Abdou Semmar señala que la voz atribuida a Amir DZ tiene acento del este, mientras que el interesado habla con acento del oeste, lo que sugiere una fabricación mediante inteligencia artificial. El propio acusado niega conocer a los detenidos y desafía a las autoridades a presentar pruebas verificables.

El reparto del documental roza el absurdo: los “confesos” son empleados de empresas públicas, sin que se sepa quién los detuvo, si fueron juzgados o dónde están. Uno de ellos, presentado como incendiario, habría participado después en un convoy de ayuda humanitaria para “despistar” —el pirómano repartiendo mantas a las víctimas—. Otro, peluquero de profesión, sería el “banquero” de la red, con diez apartamentos y cinco peluquerías en la región parisina. El móvil habría sido un visado para Francia y un matrimonio de conveniencia, y el supuesto contacto en el Ministerio del Interior francés habría encargado al youtuber fundar un partido comunista para desestabilizar Argelia, a cambio de un apartamento en Annaba y un coche. Un partido comunista, en 2026, financiado con apartamentos: hasta un guionista perezoso habría rechazado semejante disparate.

La elección del chivo expiatorio tampoco es casual: Amir DZ es el mismo hombre que fue secuestrado por un comando en Francia en abril de 2024, caso por el que la justicia francesa imputó a un agente consular argelino. Al no poder extraditarlo, el régimen lo acusa; al no poder juzgarlo, lo filma. El procedimiento repite el guion de 2021, cuando tras los incendios de Cabilia se culpó a Marruecos antes de romper relaciones: las preguntas incómodas —medios aéreos insuficientes, bosques mal mantenidos, un Estado mal preparado— se esfumaron con el humo. Es más fácil y más barato producir un documental que comprar aviones cisterna.

En definitiva, el documental es una muestra más de la creatividad propagandística de un régimen que, incapaz de apagar los incendios, prefiere encender la cámara. La única frase acertada de toda la película es la que advierte sobre el uso de la inteligencia artificial contra los argelinos: efectivamente, se está utilizando, pero probablemente desde los mismos despachos que fabricaron este montaje.

Hay documentos que dicen más que mil discursos. Un oficio de la Policía Nacional del 1 de octubre, remitido por la UCRIF de Ibiza a la Federación Hotelera de las islas, pide copia de los papeles de filiación paterna que determinadas personas, «en su mayoría» procedentes de la RASD, habrían presentado para reclamar la prestación por nacimiento y cuidado del menor. La Policía habla de «indicios» y de «elementos» que obligan a verificar su autenticidad.

Hay una investigación abierta y la pregunta es inevitable. Si hoy no sabemos con certeza si esos documentos son auténticos, ¿con qué base se pretende tramitar una ley de nacionalidad para ese mismo colectivo?

Porque la nacionalidad no es una prestación. Es el derecho más duradero que concede un Estado, y se sostiene sobre un único pilar: la prueba. Partidas de nacimiento, filiación, residencia, vínculos familiares. Cuando ese pilar es frágil, todo lo demás se tambalea.

Y es frágil. España no dispone de un registro civil homologable con el que contrastar con garantías los papeles de la RASD, una entidad cuyo reconocimiento internacional es limitado. Sin ese interlocutor, cada expediente depende de documentos difíciles de comprobar, y cada duda se resuelve, en la práctica, a favor del solicitante o tras años de litigio.

El Gobierno sostiene que la ley repara una deuda histórica. Pero una deuda moral no se salda con improvisación. Quien de verdad quiera honrar el vínculo con el Sáhara español debería ser el primero en exigir un texto blindado, con controles verificables, y no una norma que, al primer escándalo de fraude, perjudique justamente a quienes sí tienen derecho.

Legislar sin saber qué hay al otro lado de la puerta no es generosidad. Es una apuesta. Y la nacionalidad española no debería ser objeto de apuestas.