En los últimos años, y de manera especialmente intensa desde octubre de 2023, Cisjordania se ha convertido en escenario de una violencia sistemática y creciente por parte de colonos israelíes contra la población palestina. Esta violencia, lejos de ser episódica o espontánea, responde a una lógica de expansión colonial que cuenta con la protección del ejército israelí y el silencio —cuando no la complicidad— de gran parte de las potencias occidentales.
Una violencia estructural y en escalada
Según datos de la ONU y de organizaciones de derechos humanos como B’Tselem y Yesh Din, los ataques de colonos contra palestinos en Cisjordania han alcanzado niveles sin precedentes. Se registran agresiones físicas, incendios de viviendas, destrucción de cosechas y olivos, envenenamiento de pozos de agua, bloqueo de carreteras y ataques armados contra comunidades enteras.
Las Naciones Unidas han documentado cientos de incidentes violentos en los últimos meses, muchos de ellos con víctimas mortales. Aldeas como Huwara, Turmus Ayya, Beita y muchas otras han sufrido pogromos que recuerdan a épocas oscuras de la historia. La impunidad es la norma: rara vez los colonos violentos son detenidos, y cuando lo son, las condenas son excepcionales.
La complicidad del ejército israelí
La violencia de los colonos no ocurre en el vacío. El ejército israelí (IDF) a menudo escolta a los colonos durante sus ataques, impide que los palestinos se defiendan o llega tarde cuando ya se han producido los daños. La política de “defensa de los asentamientos” convierte a los soldados en protectores de los agresores y en potenciales agresores ellos mismos.
Organizaciones de derechos humanos israelíes han denunciado que el sistema judicial militar aplica un trato discriminatorio: los palestinos son juzgados con dureza mientras los colonos gozan de facto de inmunidad. Esta impunidad estructural es un incentivo para la violencia.
El silencio occidental: entre la hipocresía y la complicidad
Mientras Occidente ha movilizado una retórica intensa contra las violaciones de derechos humanos en otros contextos, su respuesta ante la violencia de los colonos en Cisjordania ha sido tibia, tardía y selectiva.
Estados Unidos: aunque ha impuesto sanciones puntuales a algunos colonos extremistas, sigue proporcionando a Israel ayuda militar masiva y protección diplomática en foros internacionales. Las condenas verbales no se traducen en consecuencias reales.
Unión Europea: ha expresado “preocupación” en repetidas ocasiones, pero no ha adoptado medidas contundentes. Las relaciones comerciales y estratégicas con Israel pesan más que los derechos humanos de los palestinos. Algunos Estados miembros muestran una pasividad que roza la complicidad.
Reino Unido, Francia, Alemania: han emitido declaraciones de condena genéricas mientras continúan vendiendo armas a Israel o manteniendo acuerdos comerciales preferenciales.
Este silencio es especialmente llamativo cuando se compara con la rapidez y contundencia de las condenas occidentales ante violaciones de derechos humanos en otros lugares del mundo. La selectividad revela una jerarquía implícita en la que la vida de los palestinos vale menos.
El derecho internacional ignorado
El derecho internacional es claro: los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según la Convención de Ginebra y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La violencia de los colonos constituye terrorismo según múltiples definiciones jurídicas. Sin embargo, la comunidad internacional no aplica las consecuencias que su propio derecho exige.
La Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones, pero la presión política occidental ha frenado cualquier avance significativo. El mensaje que se envía es peligroso: la ley internacional se aplica a unos y no a otros.
Cada ataque de colonos que queda sin respuesta internacional refuerza la impunidad y alienta nuevas violencias. El silencio occidental no es neutral: es una elección política que tiene consecuencias letales. Los palestinos de Cisjordania no solo enfrentan a los colonos y al ejército israelí; enfrentan también el abandono de un mundo que dice defender los derechos humanos pero que, en la práctica, los traiciona cuando se trata de Palestina.
Romper ese silencio, exigir responsabilidades y aplicar el derecho internacional no es un acto de hostilidad hacia Israel: es un imperativo moral y legal. La comunidad internacional debe elegir entre seguir siendo cómplice pasiva de esta violencia o recuperar la coherencia que dice defender.