En octubre de 2023, Alberto Núñez Feijóo celebró como una gran noticia que España acogiera el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos. Tres años después, propondrá retirar a España de la organización si la FIFA concede la final a Marruecos. Nadie obligó al PP a aplaudir una candidatura conjunta con Marruecos; lo hizo por voluntad propia. Hoy la trata como un error que hay que corregir.
El problema de fondo es que el PP presenta la final como algo que España ya tendría y que Marruecos le quitaría. Sémper lo resumió así en septiembre: la final no se la darían a Marruecos, se la quitarían a España. Pero la FIFA no ha adjudicado la final a ningún país. La sede sigue pendiente de una decisión definitiva y la elección corresponde únicamente a la FIFA. No consta que ninguna federación ni organismo haya reconocido jamás a España ese derecho. Marruecos ha manifestado su ambición de albergar la final, igual que España; ninguno de los dos puede dar por hecha una decisión que no ha tomado nadie. Hablar de pérdida o de despojo es presentar una aspiración como si fuera un derecho adquirido.
La incoherencia tampoco acaba ahí. Feijóo llegó a prometer que la final se jugará en España, parafraseando a Adolfo Suárez con un "puedo prometer y prometo". Esa decisión no depende de él ni de ningún gobierno español. Prometer lo que no se controla es la definición misma de la promesa vacía, y la amenaza de retirada es el plan B de quien sabe que quizá no podrá cumplirla.
Tampoco hay una posición sólida dentro del propio campo conservador. La RFEF sostiene que abandonar la organización es inviable por los acuerdos ya firmados, y su presidente invoca los compromisos con la FIFA y los demás países. La escalada fue rápida: en agosto, el PP afirmó que un Mundial cuya final no se juega en España no debería ser organizado por España. En septiembre, Borja Sémper hablaba de "replantear nuestro papel". Hoy es ya una propuesta de gobierno, formulada a tres semanas de las elecciones del 29-N. Cuando una posición de Estado cambia según el calendario electoral, deja de ser una posición de Estado.
El problema, además, no es solo del PP. El Gobierno de Pedro Sánchez respaldó políticamente la incorporación de Marruecos a la candidatura y ahora se le acusa de no hacer nada, mientras Vox plantea expulsar a Marruecos de la organización. Cada actor defiende hoy lo contrario de lo que defendía ayer, según le convenga.
Un Mundial es un compromiso de Estado a largo plazo, con acuerdos firmados, inversiones y socios internacionales. Si los partidos lo tratan como munición de campaña y presentan como derecho lo que aún no ha decidido la FIFA, el daño no es solo deportivo: es la credibilidad de la palabra de España ante la FIFA, ante sus vecinos y ante sus propios votantes.