España es hoy la gran economía de la eurozona que más crece. El FMI prevé para 2026 una expansión del 2,5 %, más del doble que el 1,1 % proyectado para el conjunto de la eurozona. Bruselas, por su parte, calcula un 2,4 % para España frente al 0,9 % de la eurozona. La tasa de paro bajará del 10 % por primera vez en más de una década. Se suelen invocar las energías renovables, el turismo y el consumo interno. Falta casi siempre un factor menos presentable: un ejército de trabajadores sin papeles, sin cotización, sin pensión futura y con salarios por debajo de lo legal.
Un modelo que descansa en la irregularidad
Los invernaderos de Almería y Huelva, las obras de construcción y la hostelería turística tienen algo en común. Son sectores intensivos en mano de obra, con márgenes ajustados y una demanda de trabajadores que el mercado legal no cubre a ese precio. Quien trabaja sin contrato no genera costes de Seguridad Social, no cobra horas extra y no puede reclamar sin arriesgarse a ser expulsado. Para la empresa que lo emplea, esa vulnerabilidad es una ventaja competitiva frente a sus homólogas de Francia, Alemania o los Países Bajos, obligadas a pagar convenios y cotizaciones.
Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Según Funcas, unos 760.000 extranjeros en situación irregular tienen nacionalidades americanas, frente a unos 50.000 africanos. Los inmigrantes, regulares o no, representaban el 20,3 % de la población en enero de 2026, más de diez millones de personas. La regularización extraordinaria de 2026 lo confirma. El Gobierno estimó 500.000 beneficiarios, pero el proceso recibió cerca de 1,2 millones de solicitudes. Esa diferencia indica cuánta gente trabajaba ya, en la sombra, dentro de la economía española.
Los marroquíes, rostro del campo español
Los marroquíes son la mayor comunidad extranjera no comunitaria de España y una de las más visibles en las campañas agrícolas. Los datos de Funcas indican, sin embargo, que entre los irregulares predominan los latinoamericanos, y los colombianos ocupan el primer lugar. La presencia marroquí en el campo es real, pero el fenómeno es más amplio que una sola nacionalidad.
La promesa de expulsión que nadie piensa cumplir
Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan con el discurso migratorio en primer plano. Pedro Sánchez adelantó los comicios tras un revés parlamentario en materia de vivienda. Vox propone desde hace años la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que entren ilegalmente. Pero incluso si la derecha y la ultraderecha llegaran al poder, esa promesa chocaría con la realidad económica.
El motivo no es ideológico. Muchos de los grandes productores de fruta y hortalizas para la exportación simpatizan con esos partidos, y ningún empresario se tira piedras contra su propio tejado. El sindicalista almeriense José Cueva lo resume así: expulsar a todos los irregulares dejaría un déficit grave de mano de obra. El exalcalde popular de El Ejido, Juan Enciso, decía que los inmigrantes eran necesarios de día pero debían desaparecer de noche. El caso de El Ejido es elocuente: Vox obtuvo allí cerca del 30 % de los votos en 2019, y sin embargo los propios agricultores admiten que dependen de esa mano de obra. El ministro Luis Planas contó en el Congreso que un directivo de cooperativa, antiguo candidato de Vox, le pidió traer inmigrantes para trabajar en el campo. Es la versión del ministro, pero ilustra la contradicción.
Lo que hace la izquierda
La izquierda, mientras tanto, defiende los derechos de estos trabajadores. La regularización de 2026 les da permiso de trabajo desde el inicio del trámite y número de Seguridad Social. Fue una decisión política que sus adversarios combatieron.
La conclusión es incómoda para todos. Mientras haya un sector exportador que necesite trabajadores baratos y vulnerables, la expulsión masiva seguirá siendo un eslogan electoral y no una política de gobierno. La alternativa honesta es reconocer a quienes sostienen una parte del crecimiento y darles derechos.
