No regresan con un solo uniforme ni con un programa idéntico. Pueden hablar de libertad económica en Buenos Aires, de seguridad en San Salvador, de identidad cristiana en Europa o de grandeza nacional en Washington. Sin embargo, comparten una eficaz fórmula política: presentar a la sociedad como una comunidad amenazada, identificar a un culpable —el inmigrante, el musulmán, el feminismo, la izquierda, la justicia o la prensa— y prometer que un líder firme devolverá el orden.
La extrema derecha no debe confundirse con cualquier gobierno conservador. Su rasgo distintivo no es defender el mercado, la familia o la seguridad, sino convertir el pluralismo en sospechoso: afirmar que solo una parte de la población encarna al “verdadero pueblo” y que las instituciones deben someterse a su voluntad.
El fenómeno ya no es marginal. En las elecciones europeas de 2024, los partidos de extrema derecha obtuvieron aproximadamente una cuarta parte de los votos, aunque permanecieron divididos entre distintos grupos parlamentarios. En Alemania, Alternativa para Alemania consiguió en las legislativas de 2025 más del 20 % de los votos y 152 escaños. En Estados Unidos, el segundo mandato de Donald Trump ha convertido el nacionalismo iliberal en una referencia internacional. Y en América Latina, el bolsonarismo, el mileísmo, el bukelismo y el triunfo de José Antonio Kast en Chile muestran que la región no es un apéndice, sino uno de los principales laboratorios de esta mutación política.
Las causas: una maleta con pocos asuntos y muchos miedos
No existe una explicación única. La pobreza no produce automáticamente xenofobia, ni todos los votantes de estos partidos son extremistas. Pero varias frustraciones han terminado acumulándose.
La primera es material: salarios estancados, empleo precario, vivienda inaccesible, desindustrialización y desigualdad territorial. A ello se añade la sensación de que los partidos tradicionales gobiernan para grupos privilegiados y ya no representan a la mayoría. La investigación sobre el populismo europeo relaciona su avance con la inseguridad económica, la insatisfacción vital y la pérdida de confianza social, especialmente cuando estas se combinan con hostilidad hacia la inmigración.
La segunda causa es cultural. Una parte de la ciudadanía percibe que el país cambia demasiado deprisa: diversidad religiosa, migración, nuevos derechos de las mujeres y de las minorías, transformación de las costumbres. La extrema derecha transforma esa inquietud en una guerra identitaria. No responde solamente “¿cómo viviremos mejor?”, sino “¿quién tiene derecho a pertenecer?”.
La tercera es la inseguridad física. En América Latina, el crimen organizado, la extorsión y la debilidad de algunos Estados han dado una fuerza particular a la promesa de mano dura. El éxito de Nayib Bukele no se explica sin la reducción de la violencia percibida por muchos salvadoreños; pero tampoco puede analizarse sin el estado de excepción, la concentración del poder y el deterioro de las garantías democráticas. En Chile, la campaña que llevó a Kast a la presidencia estuvo dominada por el crimen, la migración y la incertidumbre económica; obtuvo más del 58 % en la segunda vuelta de diciembre de 2025 y asumió en marzo de 2026.
Finalmente, las plataformas digitales han cambiado el oficio de hacer política. El algoritmo premia la indignación, el video corto sustituye al debate y el dirigente puede dirigirse a sus seguidores sin intermediarios. Las extremas derechas han comprendido antes que muchos adversarios que no basta con tener razones: hay que dominar la escena. A ello se suma una red transnacional de partidos, fundaciones, empresarios, influenciadores y medios que intercambian estrategias. Es la paradoja de una “internacional nacionalista”: cada dirigente proclama la soberanía de su país mientras aprende de los demás.
Las consecuencias: cuando la excepción se vuelve costumbre
El primer efecto aparece incluso antes de conquistar el poder. Los partidos moderados adoptan partes de su vocabulario para no perder votantes. Así, la extrema derecha puede perder una elección y ganar el debate: toda la política termina girando alrededor de fronteras, deportaciones, delincuencia o identidad.
El segundo efecto es la fragilización de las minorías. Cuando el extranjero se convierte en explicación universal, el ciudadano de origen extranjero también pasa a ser sospechoso. Los musulmanes europeos lo experimentan de manera especial: una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, realizada en trece países, encontró que el 47 % había sufrido discriminación racial en los cinco años anteriores, frente al 39 % en 2016.
El tercero es institucional. La democracia rara vez desaparece de golpe: se erosiona cuando el Ejecutivo descalifica a jueces, periodistas y organismos de control; cuando cada elección se presenta como una guerra de supervivencia; cuando la emergencia justifica permanentemente la reducción de derechos. Freedom House registró en 2025 el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad global, con deterioros en 54 países y mejoras en 35.
Hay, además, consecuencias económicas e internacionales. El nacionalismo económico puede proteger algunos sectores, pero también alimentar guerras comerciales y arbitrariedad. El negacionismo climático retrasa decisiones urgentes. Y la desconfianza hacia la cooperación multilateral debilita la respuesta a crisis que ningún Estado puede resolver solo.
América Latina: una derecha radical con acentos propios
En la región, el fenómeno combina ingredientes que no siempre coinciden. Javier Milei une radicalismo libertario, ataques a la “casta” y conservadurismo cultural. Jair Bolsonaro articuló nacionalismo, religión evangélica, apología de la mano dura y cuestionamiento electoral. Bukele representa sobre todo un populismo securitario con tendencias autoritarias. Kast encarna un conservadurismo nacional más próximo a la derecha radical europea.
No todo giro a la derecha es, por tanto, un triunfo de la extrema derecha. Bolivia, Ecuador, Panamá o Costa Rica tienen dinámicas diferentes. Pero sí existe un ambiente común: castigo a los gobiernos salientes, hartazgo de la corrupción, miedo a la violencia, crisis de los partidos y reacción contra las agendas progresistas. Un estudio académico comparativo subraya precisamente que el avance latinoamericano es desigual y que Milei, Bolsonaro, Bukele y Kast no comparten todos los mismos rasgos ideológicos.
El peligro regional es que “seguridad” y “democracia” empiecen a presentarse como opciones incompatibles. Una ciudadanía que no puede caminar sin miedo exige respuestas; pero un Estado que encarcela, deporta o gobierna sin controles puede ofrecer tranquilidad momentánea mientras destruye la libertad que permitiría corregirlo.
¿Y los países árabes y musulmanes?
Conviene empezar por una precisión: “árabe” y “musulmán” no son sinónimos, y ninguno de los dos términos designa un actor político homogéneo. Irán no es árabe; Turquía tiene una tradición estatal distinta; Indonesia, Pakistán, Senegal, Marruecos y Arabia Saudí no pueden colocarse en una misma categoría. Tampoco sus sociedades son responsables colectivamente del auge de la extrema derecha occidental.
Su papel es, más bien, triple.
Primero, son utilizados como imágenes dentro de la política de otros. Las guerras de Siria, Libia, Sudán, Yemen o Afganistán, junto con la represión y el fracaso económico de varios gobiernos, han contribuido a desplazamientos que la propaganda europea y estadounidense transforma en el espectro de una “invasión islámica”. Los atentados yihadistas refuerzan ese discurso, aunque combatir el terrorismo no exija —ni justifique— convertir a todos los musulmanes en sospechosos.
Pero el relato de una Occidente que soporta solo toda la carga es falso. Al terminar 2025, el 65 % de los refugiados vivía en países vecinos de su lugar de origen y el 68 % era acogido por países de ingresos bajos o medios; Turquía, Irán y Pakistán figuraban entre los principales países receptores. Líbano y Jordania también han soportado una presión desproporcionada. Los países árabes y musulmanes no son solamente origen de refugiados: son también algunos de sus principales anfitriones.
Segundo, algunos gobiernos de estos países participan en una convergencia iliberal. Monarquías del Golfo, regímenes militares y dirigentes nacionalistas pueden discrepar sobre Palestina, Irán o la Hermandad Musulmana, pero compartir con las extremas derechas un lenguaje de orden, soberanía y seguridad. Las relaciones pragmáticas en energía, armamento, inversiones o lucha antiterrorista no constituyen una alianza ideológica única. Sin embargo, permiten que ciertos gobiernos utilicen la “lucha contra el islamismo” para justificar la represión de opositores, mientras dirigentes occidentales aceptan esos abusos a cambio de estabilidad o contratos.
Además, el autoritarismo identitario no es exclusivamente occidental. El nacionalismo religioso de Narendra Modi en la India, el populismo islamista-nacional de Recep Tayyip Erdoğan y el etnonacionalismo de sectores del Gobierno israelí muestran variantes distintas de una misma tentación: definir la nación por una identidad dominante y relegar a los demás. Estos fenómenos no son copias de la extrema derecha europea, pero dialogan con ella.
Tercero, pueden ayudar a frenar el deterioro o a agravarlo. La guerra de Gaza ha importado el conflicto a las sociedades occidentales, alimentando el odio antimusulmán. Los dobles raseros debilitan la autoridad moral de Occidente cuando invoca derechos humanos selectivamente.
Su contribución más útil no sería financiar campos en la guerra cultural ajena, sino ofrecer credibilidad propia: proteger a los refugiados, rechazar el terrorismo sin colectivizar culpas, combatir la islamofobia con la misma firmeza que comate el antisemitismo, respetar la libertad religiosa y permitir sociedades civiles independientes. La respuesta al nacionalismo excluyente no puede ser otro nacionalismo excluyente.
La salida no consiste en imitarlos
La extrema derecha prospera cuando la democracia deja de resolver problemas y cuando sus adversarios se limitan a dictaminar que ciertas preocupaciones son ilegítimas. La delincuencia, el control administrativo de las fronteras, la integración y la pérdida de confianza exigen respuestas concretas. Lo ilegítimo es convertirlos en una acusación contra poblaciones enteras.
La alternativa necesita vivienda, salarios dignos, seguridad con legalidad, servicios públicos eficaces, integración real y medios capaces de resistir la desinformación. Necesita también partidos que dejen de hablar como notarios de un orden social que muchos ciudadanos ya no consideran justo.
Porque la cuestión decisiva no es solamente quién ganará las próximas elecciones. Es si seguiremos aceptando que una mayoría electoral puede decidir quién pertenece plenamente a la nación. Una democracia no se mide únicamente por la forma en que escucha a la mayoría, sino por los derechos que conserva cuando la mayoría tiene miedo.