Hay documentos que dicen más que mil discursos. Un oficio de la Policía Nacional del 1 de octubre, remitido por la UCRIF de Ibiza a la Federación Hotelera de las islas, pide copia de los papeles de filiación paterna que determinadas personas, «en su mayoría» procedentes de la RASD, habrían presentado para reclamar la prestación por nacimiento y cuidado del menor. La Policía habla de «indicios» y de «elementos» que obligan a verificar su autenticidad.
Hay una investigación abierta y la pregunta es inevitable. Si hoy no sabemos con certeza si esos documentos son auténticos, ¿con qué base se pretende tramitar una ley de nacionalidad para ese mismo colectivo?
Porque la nacionalidad no es una prestación. Es el derecho más duradero que concede un Estado, y se sostiene sobre un único pilar: la prueba. Partidas de nacimiento, filiación, residencia, vínculos familiares. Cuando ese pilar es frágil, todo lo demás se tambalea.
Y es frágil. España no dispone de un registro civil homologable con el que contrastar con garantías los papeles de la RASD, una entidad cuyo reconocimiento internacional es limitado. Sin ese interlocutor, cada expediente depende de documentos difíciles de comprobar, y cada duda se resuelve, en la práctica, a favor del solicitante o tras años de litigio.
El Gobierno sostiene que la ley repara una deuda histórica. Pero una deuda moral no se salda con improvisación. Quien de verdad quiera honrar el vínculo con el Sáhara español debería ser el primero en exigir un texto blindado, con controles verificables, y no una norma que, al primer escándalo de fraude, perjudique justamente a quienes sí tienen derecho.
Legislar sin saber qué hay al otro lado de la puerta no es generosidad. Es una apuesta. Y la nacionalidad española no debería ser objeto de apuestas.