En un contexto de alta tensión política tras unos comicios legislativos disputados, el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu y su partido, el Likud, ha lanzado una agresiva campaña de acusaciones contra las formaciones políticas de la minoría árabe-israelí. La narrativa impulsada desde el entorno del jefe de Gobierno sostiene que los partidos árabes habrían cometido irregularidades, compra de votos e infiltración de financiación extranjera, buscando con ello la intervención del servicio de seguridad de inteligencia interior, el Shabak (Shin Bet).
Sin embargo, para los analistas políticos y la oposición, la maniobra responde a un cálculo puramente estratégico: deslegitimar éticamente a las fuerzas árabes para evitar que la coalición opositora recurra a su apoyo parlamentario para desalojar a Netanyahu del poder.
La acusación de “fraude” e interferencia exterior
Tras conocerse los estrechos resultados de los comicios, el Likud presentó cientos de denuncias alegando coacciones, sobornos e incluso una supuesta conspiración apoyada por actores de Oriente Medio para influir en las urnas. El propio Netanyahu instó públicamente a la policía, a la Comisión Central Electoral y al Shabak a abrir investigaciones sobre los escaños obtenidos por los partidos árabes (como Ra’am y la Lista Conjunta).
La llamada al servicio de inteligencia interior para auditar un proceso electoral civil encendió de inmediato las alarmas institucionales. Figuras del ámbito judicial y del propio organismo de seguridad recordaron que las acusaciones carecían de base probatoria masiva y que la policía no detectó indicios de fraude sistemático. El propio Comité Electoral Central ratificó la validez del recuento y descartó la hipótesis de la manipulación.
La estrategia: Desmembrar la mayoría de la oposición
La urgencia del Likud por sembrar sospechas de corrupción sobre los partidos árabes responde a la aritmética del Knesset (Parlamento israelí). Para que el bloque opositor de centro-derecha y centro-izquierda consiga formar gobierno, requiere necesariamente el apoyo —ya sea mediante coalición o tolerancia externa— de los diputados de la minoría árabe.
Al asociar a los partidos árabes con supuestos delitos de corrupción y vínculos hostiles, el entorno de Netanyahu busca establecer un “cordón sanitario” mediático. El objetivo es situar a los líderes de la oposición en una posición de encrucijada pública: si pactan con las formaciones árabes para destituir al primer ministro, serán acusados por la derecha sionista de apoyarse en actores deslegitimados y salpicados por sospechas de fraude electoral.
Reacciones de la oposición y de la comunidad árabe
Los líderes de las formaciones árabes han calificado estas acusaciones de “maniobra racista y desesperada”, señalando que Netanyahu instrumentaliza el aparato del Estado y al Shabak para infundir miedo y conservar su puesto a costa de la cohesión social.
Por su parte, portavoces de la oposición denunciaron que presionar a las agencias de seguridad para investigar sin pruebas a representantes democráticamente electos supone un ataque frontal a las instituciones democráticas del país. Pese al revuelo mediático generado, los organismos oficiales han concluido que las elecciones fueron limpias, dejando en evidencia que la controversia formaba parte del terreno de la táctica y la propaganda política.
Los líderes de las formaciones árabes han calificado estas acusaciones de “maniobra racista y desesperada”. En este sentido, el veteranísimo diputado Ahmed Tibi (en la foto de arriba), figura clave de la Lista Conjunta, denunció abiertamente la estrategia del primer ministro afirmando que “Netanyahu intenta criminalizar la representación política árabe y presionar al Shabak para fabricar una amenaza inexistente, buscando despojar a los ciudadanos árabes de su peso democrático en el Knesset”.
Tibi subrayó además que la comunidad árabe no cederá ante este tipo de intimidaciones institucionales. Por su parte, portavoces del bloque opositor coincidieron en que presionar a las agencias de seguridad para investigar sin pruebas a representantes democráticamente electos supone un ataque frontal a las instituciones democráticas del país. Pese al revuelo mediático generado, los organismos oficiales concluyeron que las elecciones fueron limpias, dejando en evidencia que la controversia formaba parte del terreno de la propaganda política.